Guillermo Raúl Zepeda Lecuona
Director de Jurimetria, Iniciativas para el Estado de Derecho, A.C.

 

La desigualdad es uno de los mayores desafíos de México: influye en el aumento de la impunidad y la vulnerabilidad de las personas; merma la movilidad social y frena la economía.

Aunque la riqueza per cápita en México ha aumentado de manera continua, es un indicador promedio que cada vez dice menos de la situación material de la sociedad mexicana en virtud de la desigualdad extrema que impera en nuestro país. México está entre el 25% de los países más desiguales del mundo; es el segundo más desigual entre los 34 países de la OCDE (después de Chile). 4 mexicanos concentran 9% de la riqueza y el 10% de los mexicanos de mayores ingresos concentran la mitad de la riqueza nacional.

Entre los factores que explican la magnitud de la desigualdad, así como la ampliación de la brecha entre los más ricos y los que menos tienen se suele analizar los ingresos de la población y el acceso a los servicios de educación y de salud. Sin embargo, pocas veces se ha analizado el impacto de variables del Estado de derecho como la creación de normas, la adjudicación de derechos, el acceso a la justicia o la impunidad, en las asimetrías sociales y en la distribución inequitativa de la riqueza, de las oportunidades y de la vulnerabilidad. La evidencia muestra que el diseño y operación del sistema jurídico mexicano no sólo no atempera o revierte la polarización del desarrollo y la escasa distribución de la riqueza; sino que en ciertos ámbitos, llega a exacerbar la desigualdad.

En lo que se refiere al diseño del marco normativo, los grupos de interés y grandes empresas realizan cabildeos para obtener normas jurídicas favorables o que contemplen complejos procesos de aplicación para dejar abiertos escenarios de no aplicación. En los órganos legislativos se obtienen privilegios fiscales, normas y políticas públicas que no protegen al medio ambiente, a los consumidores, a los trabajadores ni a los grupos vulnerables. Existe una reducción, ineficacia y violación impune de los derechos de los sectores más vulnerables del país (incluyendo derechos ambientales de las siguientes generaciones).

También en los actos de aplicación de las normas los grupos privilegiados y de mayores ingresos se benefician del contexto normativo y de la actuación de las dependencias. Dos botones de muestra: la transferencia escandalosa de diversas empresas a través de la Bolsa de Valores que no pagaron impuestos, como BBVA Bancomer. En el año julio 2015 – julio 2016 el SAT canceló con total opacidad 58,150 millones de pesos de adeudos fiscales, 96% de ese monto benefició al 10% de los mexicanos de mayores ingresos. 36 empresas concentraron la mitad de los 160 mil millones de pesos condonados por el SAT (Fundar 2016). Este tipo de arreglos abren y perpetúan la brecha de la desigualdad entre los mexicanos.

En lo referente a la aplicación de las normas y el sistema de justicia también se favorece indebidamente la exacerbación de la desigualdad. En primer lugar el 1% de los mexicanos de mayores ingresos (que concentran el 21% de la riqueza nacional), suelen establecer en sus contratos cláusulas de arbitraje internacional o se someten a los tribunales de ciudades de Estados Unidos para evadir la incertidumbre, lentitud y corrupción de los tribunales mexicanos.

30% de los mexicanos que están en pobreza alimentaria y no tienen acceso a las instituciones en general ni a las de justicia en particular. Su exclusión y marginación también es legal. Su nivel de vulnerabilidad frente a la violación de sus derechos es alto.

Su capacidad de defensa es casi nula y depende de las llamadas redes sociales (familiares con mayores ingresos, despachos de servicio social). Por ello los casos en controversias judiciales de seis mil pesos o menos son apenas el 10% (Magaloni y Negrete, 2002).

Para la mayoría de los mexicanos participar en un proceso judicial es una inversión considerable. Enfrentan muchas desventajas tanto por la incertidumbre, corrupción, como por la escasez en el control de calidad de los servicios de asesoría jurídica disponibles.

El amparo es un mecanismo jurídico que, contrario a la aspiración de su diseño original, ha devenido en una institución social “regresiva” (beneficia a quienes más tienen por ser los que pueden acceder a este costoso y complejo recurso, excluyendo a las personas de menores ingresos). Esta materia ha devenido en una de las ramas más técnicas del derecho, se presenta ante autoridades judiciales federales y suele tener una duración prolongada. El amparo es intensivo en recursos a los que se tiene un acceso muy limitado y asimétrico entre los diversos niveles de ingreso de la sociedad: dinero, tiempo y asesoría técnico-jurídica.

Es poco accesible (hay 26 causales de improcedencia, mismas que aumentaron al emitirse la nueva ley de la materia en 2013). De los 379 mil amparos resueltos en los juzgados de distrito del país durante 2014, alrededor del 77% se declararon como no procedentes (Base de datos de Elisa Franco). En casi 90% de los casos no se llega a resolver el fondo del asunto: determinar si hubo o no la violación de un Derecho Fundamental.

Los sectores de mayores ingresos pueden actuar con mayor certidumbre y mejor asesorados. La vulnerabilidad, incertidumbre y exposición a la impunidad aumentan a medida que se esté más abajo en el nivel de ingresos. La impunidad y la ineficacia de los derechos transfieren riqueza de abajo hacia arriba.

La agenda de transformación institucional es ardua, compleja; pero impostergable. La Justicia constitucional debe ser un referente que resuelva conforme al progreso de los derechos fundamentales es su más vanguardista acepción. La participación ciudadana para informar y crear observatorios y otras modalidades de auditoría social. Urge la certificación de los profesionales del derecho y la supervisión de su desempeño, el establecimiento de un sistema de asesoría jurídica gratuita de calidad; impulsar los mecanismos alternativos de solución de controversias; realizar una reforma judicial integral que garantice independencia judicial; reingeniería de procedimientos que reduzca la duración e incertidumbre de los procesos. Sólo de esta forma se terminará con la complicidad de las formas jurídicas con la injusticia y la desigualdad en nuestro país.